El Gobierno ha aprobado la tramitación urgente del real decreto que regulará el nuevo sistema de registro de jornada laboral. La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz, busca garantizar un control más estricto de las horas trabajadas y reducir el volumen de horas extraordinarias no pagadas en España, que superan los 2,8 millones cada semana.
Aunque inicialmente se planteó endurecer las sanciones, estas seguirán en el rango actual: entre 751 y 7.500 euros por incumplimiento. La propuesta de elevarlas hasta los 10.000 euros requería modificar la Ley de Infracciones y Sanciones (LISOS), algo que queda fuera del decreto.
Expertos advierten que este modelo puede generar dificultades, especialmente en casos de teletrabajo o trabajos fuera del centro laboral, ya que los registros se vuelcan directamente sin verificación previa de la empresa.
La patronal considera que la medida es un gesto político tras el fracaso de la ley de reducción de jornada en el Congreso. Además, anticipa una impugnación del decreto, especialmente por dudas relacionadas con la protección de datos. El Gobierno, sin embargo, asegura que el reglamento cumple con todas las garantías legales.
Este endurecimiento del registro horario es un paso clave dentro de la estrategia de Yolanda Díaz para lograr una reducción real de la jornada laboral y combatir los abusos en el tiempo de trabajo efectivo. Con la vía urgente, el nuevo sistema podría entrar en vigor en cuatro o cinco meses.